Pedro Castillo quiso ir a embajada de México en Perú, pero fue arrestado por su escolta

Pedro Castillo tenía planeado ir a la embajada de México en el distrito de San Isidro, en Lima, la capital peruana, poco después de dar su mensaje a la nación y sobre todo antes de que el pleno del Congreso se pronunciara sobre su moción de vacancia. Pasadas las 13:00 horas locales de ayer, salió por la parte trasera de Palacio de Gobierno junto a su exprimer ministro Anibal Torres y con su comitiva de resguardo de Seguridad del Estado de la Policía Nacional Peruana (PNP).

Allí, le comunicó al chofer que lo llevara al destino antes mencionado. El chofer tomó la Av. Inca Garcilaso de la Vega (ex Wilson) como la opción más directa para llegar. Todo aparentemente estaba saliendo de acuerdo al plan. Pero en paralelo se estaba realizando una reunión en la Comandancia General de la PNP que lo cambió todo.

Según dijeron fuentes a El Comercio, luego de dar su mensaje y de anunciar el cierre inconstitucional del Congreso, el todavía presidente Castillo se comunicó con el comandante general de la PNP Raúl Alfaro (quien se encuentra de licencia por razones médicas) en busca de respaldo. Alfaro le respondió que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho y que su postura estaba con la preservación del orden constitucional.

En simultáneo, las mismas fuentes en el sector indicaron que Willy Huerta, ahora exministro del Interior, llamó al jefe del Estado Mayor de la PNP, Vicente Álvarez, quien estaba a cargo de la jefatura de la PNP en reemplazo de Alfaro, para que autorizara el ingreso de manifestantes a la Plaza de Armas porque Castillo quería dar un mensaje. Tampoco obtuvo una respuesta afirmativa.

De acuerdo con las fuentes, Alfaro convocó al Alto Mando de la PNP para decidir la postura institucional frente al golpe de Estado que se estaba perpetrando. Álvarez y el inspector general de la PNP Segundo Mejía se sumaron a la posición de no respaldar lo dispuesto por el entonces presidente y, además, se concluyó que estaba actuando en flagrancia (delito de rebelión) al ordenar el cierre del Congreso.

La decisión había sido tomada: Castillo debía ser detenido y quienes lo iban a hacer era el personal de Seguridad del Estado, es decir, su escolta, que estaba con él en ese momento. Se le comunicó el hecho, según las fuentes, al general PNP Iván Lizzetti, jefe de la Dirección de Seguridad del Estado, quien le solicitó a su personal que le informe sobre la ubicación del entonces presidente.

Mientras tanto, el Equipo Especial de la PNP ya manejaba la versión de la intención que tenía Castillo de recluirse en una embajada. Los coroneles PNP Walter Lozano (Bica) y Harvey Colchado (René) decidieron tomar acción. A manera de precaución, Lozano y su equipo fueron a la Embajada de México y Colchado a la de Cuba.

Los dos estaban decididos a arrestar a Castillo porque sabían que había incurrido en flagrancia en delito de rebelión. Además, tenían conocimiento de que el ahora exmandatario había sacado de Palacio a su familia y todo apuntaba a que lo que se buscaba era el asilo o fugarse del país.

Al tiempo que todo esto ocurría, en la Av. Inca Garcilazo de la Vega, antes de llegar al cruce con la Av. España, el chofer recibió la orden de proceder con la detención, según las fuentes policiales. Para sorpresa de Castillo, la camioneta gris de lunas polarizadas que lo llevaba se detuvo al frente de la Clínica Internacional y, junto con personal de la Subunidad de Acciones Tácticas, se ejecutó el arresto y se procedió a llevarlo a la sede de la Prefectura de Lima donde queda la sede de la Región Policial de la capital.

Casi en simultáneo, el pleno del Congreso aprobaba la vacancia de Castillo con 101 votos a favor. No habían pasado ni dos horas desde que anunció su golpe de Estado y ya el entonces presidente pasó a calidad de detenido por rebelión.

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La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú advirtió en noviembre al embajador de México en Lima, Pablo Monroy Conesa, que le pidiera al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que dejara de entrometerse en los asuntos peruanos y de enviarlo como emisario diplomático ante las bancadas parlamentarias para interceder a favor del ahora destituido mandatario de ese país, Pedro Castillo.

La contundente advertencia fue planteada a Monroy por la congresista Maricarmen Alva, del opositor partido Acción Popular, y el congresista Ernesto Bustamante, de la opositora Fuerza Popular, presidenta y miembro de la Comisión, respectivamente.

La información fue suministrada por Bustamante, presidente de la Comisión de agosto de 2021 a agosto de 2022. La reunión de los dos legisladores con el embajador se realizó en una sala del Congreso en Lima y, según Bustamante, se registró “el 8 o el 9” de noviembre pasado.

Con una llamada telefónica a la embajada de México en Perú y con un mensaje a la dirección de correo electrónico de esa delegación diplomática, este periódico intentó sin éxito este miércoles en la tarde obtener una reacción del embajador Monroy a los hechos revelados por Bustamante.

El congresista recordó que “el embajador mexicano estuvo haciendo ‘lobby’ (cabildeo) para que el Congreso le concediera a Castillo el permiso para viajar a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza del Pacífico que se iba a realizar en México” del 24 al 26 de noviembre.